COMUNICADO SOBRE LOS DERECHOS CIVILES Y EL I.E.S. LUIS VIVES

Ante la violenta respuesta dada por las autoridades políticas y las fuerzas policiales a las protestas de los estudiantes del I.E.S. Luis Vives de Valencia, que solicitaban se les garantizasen condiciones mínimas de habitabilidad en las aulas, las logias españolas del Gran Oriente de Francia denunciamos que se utilice la crisis económica y social como coartada para la reducción de los derechos civiles.

Puesto que el uso de la fuerza en un Estado de derecho tiene como única legitimación el mantenimiento del orden público, la desproporción que se ha dado en este caso nos lleva a solicitar que la Justicia investigue de oficio una posible extralimitación de funciones, y que las autoridades políticas reflexionen y asuman las responsabilidades que, eventualmente, pudieran derivarse de sus actos.

Repudiamos la demonización que se ha hecho de la ciudadanía, que ejercía su legítimo derecho a protestar y fue calificada como “el enemigo” por el máximo responsable policial valenciano. Rechazamos, del mismo modo, interesadas tentativas de aumentar la tensión, así como el uso de la violencia como forma de protesta. La legitimidad de los medios es inseparable de la de los fines. De otro modo, se daría ocasión a quienes, so pretexto de garantizar la seguridad, pretendieran neutralizar los derechos ciudadanos.
Así mismo, pedimos a los medios de comunicación que renuncien a cualquier tentativa de manipular los acontecimientos, puesto que el papel de aquellos en democracia no es otro que informar con objetividad y rigor.

Un sistema democrático requiere de continuo esfuerzo por lograr el equilibrio –tarea de todos- entre unos deberes y unos derechos de los que las autoridades, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, han de ser garantes. Ante un horizonte de grave conflictividad social, los masones y masonas de las logias españolas del G.O.D.F. reafirmamos nuestro compromiso por preservar la memoria de unos inalienables derechos de ciudadanía, así como por permanecer alertas para que nuestro sistema democrático continúe salvaguardando las libertades.

2 de marzo de 2012

Logias españolas del G.O.D.F.

A continuación acompañamos un documento de reflexión mas extenso y profundo sobre el tema aludido

Documento Reflexion Ies Lluis Vives

"Manifiesto por la Laicidad", Acto del Ateneo, en El País

EL PAÍS: La Masonería liberal reivindica el principio constitucional de aconfesionalidad


Cuatro obediencias de la masonería liberal española reunidas este jueves en el Ateneo de Madrid dieron a conocer, por primera vez, un Manifiesto por la Laicidad en el que preconizan un replanteamiento de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español. En el manifiesto reivindican un marco igualitario y libre, sin prevalencias en cuanto al cumplimiento por el Estado del mandato constitucional sobre la aconfesionalidad. Las cuatro obediencias masónicas consideran menoscabado este principio por la preeminencia de la Iglesia católica en la vida institucional, en detrimento de otras confesiones religiosas. Asimismo, la masonería liberal propone plantear a las organizaciones sociales, civiles y progresistas una campaña destinada a suprimir la casilla de la declaración de la renta reservada a la financiación de la Iglesia católica por los contribuyentes, así como un cambio de denominación que se refiera a ley de Libertad de Conciencia, en vez del enunciado ley de Libertad religiosa ahora en boga, donde ésta pueda ser integrada en aquella.

En la reunión auspiciada por el foro de diálogo Ágora, cuya presidenta Carmen Serrano moderó el encuentro, intervinieron también Ana María Lorente, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España; Paloma Martínez Sierra, Presidenta de la Federación Española del Derecho Humano; Jordi Farrerons, Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica de España, así como Aimé Bataglia, del Gran Oriente de Francia.

Las participantes resaltaron que el principio de aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución de diciembre de 1978 en su artículo 16º, "quedó sin efecto en la práctica tras la suscripción de un Convenio Iglesia-Estado emitido apenas seis días después de la entrada en vigor de la Constitución española, en enero de 1979". A juicio de Carmen Serrano, "la democracia incluye la laicidad como requisito imprescindible de respeto a la diversidad".

Ana María Lorente, por su parte, resaltó las "inercias mentales aún vigentes imprimieron un troquel patriarcal a las sociedades ya desde hace 4.000 años, así como una concepción solar y masculina de la divinidad; durante todo este tiempo", añadió la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España, "por el hecho de ser mujer, la mitad de la sociedad ha vivido bajo un sistema de creencias que le ha impedido desarrollarse libremente". Por ello, abogó por la laicidad "como garantía de una sociedad sin discriminaciones, donde poder ser educada en la tolerancia y en el pensamiento crítico, capaz de poner en cuestión todo tipo de dogma. Asimismo, propuso una "complicidad fraternal de los dos polos de la Humanidad, hombres y mujeres", y preconizó después una sociedad "donde los derechos humanos no sean un mero enunciado".

Según Jordi Farrerons, "la laicidad es un espacio de convivencia respetuoso con todo tipo de creencias e ideologías". Para Farrerons y pese al principio constitucional, "pervive una confesionalidad sociológica del Estado aún después de transcurridas tres décadas de vida democrática en España y a cuyo amparo se produjo la legalización de la Masonería, el 28 de enero de 1980, que desde entonces se ha desarrollado". Igualmente, criticó la identificación de anticlericalismo y laicidad, ya que considera a ésta como un factor de integración social. Por su parte Paloma Martínez Sierra subrayó que España sigue siendo de facto un Estado confesional, y reivindicó una espiritualidad no confesional que la laicidad ampara. Martínez Sierra propuso una convocatoria abierta a las organizaciones progresistas para participar en una campaña que elimine de la declaraciòn de la renta el apartado destinado a la financiación de la iglesia católica. También se mostró partidaria de denominar ley de Libertad de Conciencia al proyecto de legislar sobre libertad religiosa, por estimar que su ámbito es sería más amplio y que la incluiría.

Aimé Bataglia, del Gran Oriente de Francia, hizo una descripción del laicismo al que consideró complementario de la tolerancia. Añadió que "no cabe confundir el espacio público, en el que se mueven los Estados, y el privado, donde tienen lugar las distintas creencias", confusión en la que, a su juicio, "se encuentran los fundamentalismos religiosos y estatales". Reivindicó las creencias como expresiones de los anhelos y deseos del espíritu humano en la esfera de la conciencia y propugnó "luchar contra la pereza mental que crea inercias capaces de adormecer la inteligencia y la vitalidad del espíritu crítico", al que atribuyó el progreso humano.